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LAS UNIVERSIDADES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) ACORDARON ADHERIR A LA LEY MICAELA PDF Imprimir
Martes, 09 de Abril de 2019 11:02

56734914_2136033359822447_8112925254839435264_oParticipó del plenario Néstor García, miembro de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) del CIN desde su cargo en la Universidad Tecnológica Nacional. García es el padre de Micaela, la joven víctima de femicidio en Entre Ríos cuyo caso fue el impulso de la reciente ley que prevé capacitación obligatoria en perspectiva de género para los funcionarios públicos. "Hoy nuestros futuros dirigentes se forman en las universidades y por eso es fundamental que tengan perspectiva de género. Que se sumen a la ley Micaela es el primer paso", alentó. Los rectores acordaron que las instituciones miembros adhieran a la ley. Facebook del CIN
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La Ley Micaela se generó luego de la terrible tragedia que terminó con la vida de Micaela García, violada y asesinada en Gualeguay en 2017. Su padre, Néstor García es decano de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN, provincia de Entre Ríos. Entre los puntos principales de la Ley, se encuentran:

 

  1. "Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado".
  2. "La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer"
  3. Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
  4. En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por "las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país".
  5. El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
  6. Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará como una "falta grave", pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, "sin causa justa", a participar de las capacitaciones. (Fuente www.perfil.com)
Última actualización el Martes, 07 de Mayo de 2019 09:07
 

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